La cadena de errores políticos que ha llevado a Cataluña a la parálisis

Lo único que a día de hoy se puede afirmar con seguridad en relación al conflicto político entre Cataluña y España es que el desencuentro existente está muy lejos de llegar a su fin. De hecho, la dinámica seguida tanto por los representantes catalanes como por el gobierno de España hace extremadamente difícil que se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
Este artículo intenta explicar la secuencia de decisiones políticas que han llevado a Cataluña a la situación actual de bloqueo político y división social. El autor es consciente de la limitación del presente artículo para describir en detalle toda la complejidad política y social del asunto, pero su intención es la de ofrecer un análisis accesible sin caer en falsas generalizaciones a todo aquel interesado en una explicación de largo recorrido que no necesariamente tenga un conocimiento previo del conflicto.

Un repaso rápido a la relación entre España y Cataluña

A continuación detallaremos una serie de antecedentes necesarios para comprender la problemática actual. Hemos de explicar que Cataluña actualmente es una de las 17 Comunidades Autónomas pertenecientes al gobierno de España. España se estructura como una nación cuasi-federal en la que determinadas competencias fiscales, sanitarias o educativas se encuentran transferidas a los gobiernos comunitarios.
La región catalana históricamente ha expresado en diversas ocasiones un sentimiento nacional tanto a nivel cultural como político. Precisamente por ello, durante los años de dictadura franquista en España, la identidad política, cultural y la lingüística catalana sufrieron una intensa persecución. Al mismo tiempo, los intereses económicos de la dictadura llevaron a Franco a emprender políticas que favorecieron el crecimiento industrial y demográfico catalán, una región tradicionalmente desarrollada y con un peso importante en la red comercial europea.
Este periodo fomentó una notable división social arrastrada hasta la actualidad en la que, por un lado, buena parte de la población catalana desarrolló un fuerte sentimiento de indefensión y rechazo al Estado español, y en la que, por otro lado, una parte importante de las élites económicas catalanas consolidaron sus fortunas como aliados del régimen franquista. La represión cultural unida al importante desarrollo industrial dejó como consecuencia una importante fractura social, en la que mayoritariamente se rechazaba el franquismo pero que también dio lugar a la existencia de una base social minoritaria favorable a la dictadura.
La muerte del dictador trajo consigo el cambio político en toda España. La Constitución Española de 1978 definirá el sistema político español como monarquía parlamentaria. Esta mezcla intencionada entre instituciones democráticas y un jefe de Estado directamente designado por Franco antes de su muerte (el monarca Juan Carlos I de Borbón) pretendía minimizar el riesgo de golpe de Estado por parte de la derecha franquista, muy influyente en los años de la Transición. Finalmente, esta fórmula se demostró lo suficientemente estable como para garantizar una transición a un régimen parlamentario tras 40 años de dictadura, aunque continúa siendo muy discutida. Cataluña celebró el regreso del exilio de su expresidente Josep Tarradellas y el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña (suprimida por Franco) como órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Durante las últimas décadas de democracia, los catalanes han recuperado el uso público de su lengua y han fomentado su identidad cultural dentro de la estructura del Estado español.

¿De dónde surge el movimiento independentista?

Si bien es cierto que el sentimiento nacional de buena parte de la población catalana siempre ha permanecido activo y latente, el movimiento que busca la independencia y la creación de una nación catalana tiene su origen a finales del S. XIX y ha pervivido al franquismo impulsada por la izquierda republicana. También podemos afirmar que el movimiento independentista se ha visto intensificado durante la última década en buena parte como consecuencia de las políticas de confrontación y los agravios de la derecha conservadora española, representada por el Partido Popular (PP).

El Estatuto de Autonomía que pudo contentar a (casi) todos

En un contexto de normalidad democrática, tanto la izquierda como la derecha catalana hicieron frente común por la firma de un nuevo Estatuto de Autonomía tras el de 1979 -norma institucional de cada comunidad autónoma- que reconociese su identidad nacional, blindase el uso de la lengua catalana en escuelas e instituciones públicas y compensase en cierta medida los perjuicios ocasionados por la relación fiscal entre el Estado y las autonomías, por la cual Cataluña –al igual que otras Comunidades Autónomas de altos ingresos, que aportan al Estado más de lo que reciben, a favor de las Comunidades menos desarrolladas–. El texto fue aprobado en 2006 mayoritariamente por la izquierda catalana a nivel autonómico, y con el apoyo de la izquierda nacional en las Cortes españolas. El texto establecía ciertas modificaciones en la relación entre el gobierno de España y la Generalitat, pero los poderes catalanes siempre se supeditaban al gobierno central. Pese a ello, la aprobación del nuevo Estatuto calmó en cierto modo la campaña de reclamaciones al gobierno central que llevaba en marcha desde hacía años en Cataluña. Demandas basadas principalmente en razones histórico-culturales, económicas y político-institucionales.
Sin embargo, este breve momento de satisfacción para ambas partes llegó a su fin cuando el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad de varias de las medidas aprobadas. Recurso que fue llevado a cabo por la derecha nacional (PP), y que acabó prosperando, provocando la modificación del Estatuto aprobado en multitud de puntos, lo cual devolvió el descontento a buena parte de la población catalana. Desde que en 2010 el Estatuto fue plenamente despojado de su naturaleza y espíritu, en Cataluña se ha ido forjando un sentimiento político de desafección hacia el gobierno central que ha ido a más con los años y ha desembocado en la creación de un fuerte bloque político nacionalista-independentista que representa a prácticamente la mitad del electorado catalán, en la realización de una consulta política a la ciudadanía en 2014 y en un intento de referéndum por la independencia en 2017.
La preferencia del gobierno catalán ha sido realizar un referéndum pactado con el gobierno español al estilo del que realizó Escocia en Reino Unido en 2014, pero la respuesta del gobierno nacional ha sido negativa en todo momento. Ante la imposibilidad de recuperar lo perdido en 2010, los partidos catalanes han optado por un discurso nacionalista que busque la formación de una república catalana. La sensación de agravio para con el pueblo catalán seguía presente, y ante el fracaso de la demanda de un nuevo Estatuto, las fuerzas se enfocaron en revitalizar el movimiento independentista.
Aunque en parte la intención de las fuerzas catalanistas era forzar el diálogo con el gobierno nacional del PP sobre el modelo territorial, este último se ha cerrado en banda a toda posibilidad de negociación.
Esto ocurría en octubre del 2017: El tablero de ajedrez de Cataluña

Judicialización y atasco del conflicto

La incapacidad de la derecha conservadora española para llegar a un acuerdo pactado con las fuerzas catalanistas ha provocado una situación de bloqueo político difícil de sortear a día de hoy.
El PP volvió a recurrir a los tribunales para contravenir el deseo que los ciudadanos catalanes habían plasmado en las urnas, la realización de un referéndum. Los tribunales volvieron a dar la razón a los conservadores, declarando el referéndum de autodeterminación inconstitucional (derecho no reconocido en la Constitución Española).
Los gobernantes catalanes respondieron con una declaración unilateral de independencia en octubre de 2017 que, aunque fue proclamada en el Parlamento de Cataluña, nunca se ha hecho efectiva. Esta representación provocó la suspensión de la autonomía de la región, incapacitando al gobierno catalán para tomar ninguna decisión y embargando sus cuentas de manera provisional.
Para entender esta actitud política, que a priori puede parecer suicida si se pretende apaciguar el enfrentamiento político, hay que tener en cuenta que le ha reportado a la derecha conservadora importantes réditos electorales en el ámbito estatal.
Como todos sabemos, el referéndum se realizó de manera parcialmente encubierta, tuvo una participación considerable con un apoyo mayoritario a la independencia, pero con muchas dudas con respecto a su validez y a las condiciones en las que se tuvo que realizar. El Estado español recurrió a la persecución (y agresión) policial a ciudadanos, organizadores y políticos responsables de este referéndum. El resultado fue la encarcelación de un puñado de políticos del gobierno catalán acusados de una figura del derecho tan decimonónica como la rebelión. Este hecho ha agravado hasta tal punto la relación entre el gobierno catalán y el nacional que ya todos conocemos los famosos lazos amarillos que piden la puesta en libertad de estos políticos.
Por el otro lado, la actitud de los políticos españoles no parece más dispuesta a la reconciliación. La realización del referéndum ha dado alas a la articulación de un discurso fuertemente nacionalista en España, algo inédito desde los tiempos del franquismo.
Los conservadores españoles y los nacionalistas catalanes han puesto en marcha cada uno su correspondiente campaña mediática, enfatizando y sacando partido político al uso de las banderas como elemento excluyente, en lugar de inclusivo. Esto ha provocado una mayor polarización en la sociedad y la política catalana y nacional.
En resumidas cuentas, la torpe y obtusa gestión de este conflicto político por parte del gobierno central, como ya habíamos intuido, ha agravado considerablemente el cisma social en Cataluña y en el resto del Estado español.

La dimensión internacional del conflicto

Una de las estrategias más reconocibles llevadas a cabo por los sectores independentista ha sido la de procurar internacionalizar el debate político, dado que el recurso narrativo ha sido su principal baza en su disputa contra un contendiente más poderoso.
La narrativa independentista ha reclamado la validez del derecho de autodeterminación de los pueblos o el derecho a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados en el derecho internacional, mientras que los sectores nacionalistas españoles han exhibido el derecho a la inviolabilidad de la integridad territorial de los Estados.
Sin embargo, la encarcelación de políticos y líderes civiles, así como el exilio del Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Bélgica han terminado de internacionalizar el conflicto, tanto a nivel mediático como político. De tal manera que incluso algunas ONG defensoras de los DDHH han intercedido por los políticos exiliados, y las peticiones de España a Bélgica de extradición de Puigdemont han provocado diversos desacuerdos entre ambos miembros de la Unión Europea.

¿Qué hacer en este punto?

La lamentable decisión de tratar un conflicto político por la vía judicial en lugar de por la vía de la negociación política ha dejado un poso de insatisfacción en la región que no se diluirá de un día para otro. Cataluña tardará años y quizá décadas en volver a tener una relación fluida con el Estado español, y puede que nunca supere los agravios de sus convecinos.
Los catalanistas exigen la liberación de todos sus políticos presos para hacer alguna concesión, pero el ejecutivo español (ahora en manos de la izquierda) dice no querer interferir en las decisiones judiciales. Aunque tampoco se deja de lado la lucha por una república catalana, por otro lado, el mayor desafío hasta la fecha al consenso post-franquista que dio lugar a la monarquía parlamentaria vigente a día de hoy. En este último punto, el choque es frontal con los partidos de ámbito nacional, y a día de hoy se considera imposible un acuerdo en este sentido.
Por su parte, la izquierda española está planteando promover una reforma del Estatuto que devuelva a los catalanes algunas de las disposiciones que les fueron arrebatadas en 2010. Llegados a este punto, ya no está tan claro que el regreso al Estatuto aprobado en 2006 vaya a contentar a una mayoría de la ciudadanía catalana y vaya a permitir que la situación política se desencalle.
Sea como fuere, los catalanes y muchos españoles sufrirán durante muchos años la deficiente gestión por parte de los conservadores españoles de esta crisis política en Cataluña. Además de una división política irreconciliable, estos últimos años de conflicto han dejado tras de sí una fractura social considerable en toda la región.

Todo sobre el autor:

Javier Hernando

UCM e IBEI Alumni. Sociólogo, especializado en asuntos internacionales, migración y políticas de desarrollo, comunicador y adicto a Internet. Ocupa su tiempo escribiendo en diversos medios y colaborando en United Explanations como coordinador. Intenta explicar lo que ocurre en el mundo a través de la lógica económica y la política internacional. Le apasiona la aplicación de las tecnologías a la mejora de la participación democrática directa, y proyectos económicos innovadores como las criptomonedas.